La venta de cubanos, otra actividad lucrativa que engrosó las cuentas bancarias del *bisnero* Fidel Castro.
por Daniel Iglesias Kennedy (Profesor y Escritor).
Ilustración: «Agnus Dei», de Francisco de Zurbarán.
Entre los múltiples negocios ilícitos en los que el régimen cubano se vio comprometido está la venta de sus ciudadanos. Para organizar este tráfico de personas, se eligió a un coronel del Ministerio del Interior llamado Ramón García que fue enviado a dirigir la Oficina de Intereses en Washington. García tenía pasaporte diplomático, y su contacto en Miami era una tal Carmen Hernández, quien atendía a los cubanos que residían en esa ciudad y cobraba entre siete y diez mil dólares por tramitar con el Gobierno de Cuba la salida del país. Las gestiones se realizaban a través de las oficinas de Interconsult en el Vedado y Ciudad de Panamá. Se trataba de una empresa de tapadera cuya actividad oscilaba entre el asesoramiento en temas legales y el espionaje. Una vez que Carmen recibía el dinero, informaba a Ramón García para que éste diera el visto bueno a las autoridades cubanas y proceder a trasladar a los expatriados en un avión de Aero Caribbean desde La Habana hasta Ciudad de Panamá, donde un funcionario de Interconsult les retiraba el pasaporte cubano y les entregaba otro documento falsificado con la nacionalidad de algún país Latinoamericano. De allí los montaban en un avión hasta Ciudad México, desde donde eran trasladados hasta la localidad fronteriza de Reinosa para atravesar en balsa el río Bravo, a altas horas de la madrugada, y entrar ilegalmente en el estado de Texas. Si alguno era sorprendido o aparecía muerto, la policía norteamericana no detectaría nada que lo relacionase con Cuba. Sería otro inmigrante salvadoreño o guatemalteco, un «espalda mojada», en busca de un destino mejor. Los que llegaran vivos se dirigían a un punto de encuentro para que los recogieran y llevaran al aeropuerto de Houston donde tomarían el avión para Miami. Allí los esperaba Carmen en su Ford modelo ranchera y los llevaba hasta su casa donde aguardaban ansiosos los familiares.
Un equipo *freelance* de la televisión canadiense dirigido por dos amigos míos, el productor Kitson Vincent y el guionista Richard Nielsen, se animó a filmar parte de la operación. Se escogió a una señora cubana que residía en Miami, María Arias, quien llevaba años intentando traer de Cuba a su hijo, pero carecía de recursos económicos para «comprarlo». Atendiendo a la importancia testimonial del documento gráfico que se podría obtener, la compañía productora decidió aportar el dinero para que la señora pudiera sacar a su muchacho de Cuba, siempre y cuando ella accediese a colaborar en el proyecto del documental y llevar un micrófono oculto debajo de su ropa. Doña María aceptó grabar todas las conversaciones cada vez que fuese a entrevistarse con Carmen. Se le adelantó la mitad del dinero que debía entregar como anticipo y se anotaron los números de serie de cada billete. La mujer contó el dinero y, visiblemente emocionada, dijo «senkiu». De inmediato se puso manos a la obra.
El trabajo de realización fue excepcional. Salió a relucir el engranaje que el Ministerio del Interior cubano había montado en Panamá y en territorio de los Estados Unidos para llevar a cabo la venta y contrabando de personas. Debido a la demora en la salida de su hijo, María visitó en varias ocasiones a Carmen y llegó a ganarse su confianza. Incluso la dejaba a cargo de su oficina cuando tenía que salir a hacer gestiones fuera de la ciudad de Miami. Se grabaron todas las conversaciones; hasta una llamada por teléfono que atendió María y en la que habló en directo con el encargado de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, el coronel Ramón García. Se hizo un seguimiento minucioso de toda la operación, desde que Interconsult entregó al hijo de la señora un pasaporte hondureño falso a nombre de Perera, hasta la llegada de Carmen a su casa de Hialeah, conduciendo su Ford ranchera en el que traía a otros cuatro cubanos que habían salido de Cuba por la misma vía.
Una copia del testimonio filmado se entregó a las autoridades norteamericanas para que obrasen en consecuencia. El Director del Departamento de Inmigración y Naturalización del estado de La Florida habló ante las cámaras y dijo que, con las pruebas que le habían suministrado, se abriría una investigación a la que calificó de «alta prioridad» para esclarecer los hechos y tomar medidas. Según él, se trataba de una de las formas más groseras de corrupción que implicaba a un Estado cuyos gobernantes y fuerzas de seguridad vendían a sus ciudadanos, asegurando que la magnitud del escándalo merecía que se presentaran cargos federales en contra de los implicados y que se abriera una investigación del Congreso.
